
Diputada denuncia riesgos por exploración petrolera en Tariquía
Adriana Aguirre, diputada plurinominal por Tarija, alerta sobre la autorización otorgada a Petrobras para la exploración en el Domo X3 dentro del área protegida de Tariquía. Señala contradicciones legales y riesgos ambientales que afectan a comunidades y ecosistemas locales.
La diputada Adriana Estefanía Aguirre Castellanos, representante plurinominal por Tarija de la Alianza Libre, advirtió sobre la reciente autorización del Tribunal Agroambiental para que Petrobras realice exploración petrolera en el Domo X3, un sector colindante con la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el sur de Bolivia.
Aguirre explicó que el Auto Agroambiental 209, emitido el 13 de noviembre y notificado oficialmente el 16, reconoce riesgos de contaminación en los ríos Chiqueacá y Soledad, vitales para las comunidades campesinas y la reserva, pero paradójicamente permite las operaciones a Petrobras y ordena que la empresa se auto-monitoree, sin definir autoridad ambiental ni sanciones claras en caso de contaminación.
La legisladora denunció una contradicción flagrante, pues el tribunal no paralizó el proyecto a pesar de la evidencia de riesgo hidrológico y citó la sentencia constitucional 0250/2026 de la Sala Tercera, que ordenó una paralización temporal para un estudio técnico y científico. Aguirre calificó el fallo como una «trampa» que deja desprotegido el medio ambiente y mencionó irregularidades como la denegación a las partes de presentar sus argumentos técnicos y sociales ante el tribunal.
Además, la diputada señaló que la categorización ambiental del proyecto cambió de categoría uno a dos sin justificación técnica, violando principios ambientales y disminuyendo las obligaciones de consulta y participación con las comunidades afectadas.
Aguirre detalló que el área de influencia incluye zonas de amortiguamiento de la reserva, donde la normativa prohíbe actividades hidrocarburíferas, lo que supone un riesgo para el ecosistema, el hábitat de especies críticas y para el abastecimiento hídrico de la población.
Finalmente, anunció que junto a otros parlamentarios presentaron un memorial para solicitar aclaración y aclarar la aparente vulneración de la sentencia constitucional, lo que podría abrir la vía a un amparo constitucional y acciones legales a nivel internacional si no se obtienen respuestas satisfactorias.
La diputada manifestó que están dispuestos a continuar con una defensa rigurosa del patrimonio natural y a exigir que se cumplan normas constitucionales y convenios internacionales que reconocen al medio ambiente como sujeto de derechos humanos.
